Hecho en casa

27 Jun.09
Por una iniciativa del Comité de Seguridad Ciudadana, que depende del gobierno departamental, se abre la posibilidad de que con recursos prefecturales se pueda crear los ítems necesarios, para que la misma ciudadanía se encargue de la vigilancia y control, para evitar la proliferación de la delincuencia.
En la comunidad se acentúa la preocupación porque los asaltos, robos y agresiones a los ciudadanos se encuentran a la orden del día, nadie puede estar seguro ni dentro de su casa, porque se ha vuelto normal que un grupo de malvivientes se introduzca al domicilio y cargue con todo lo que encuentre. Ni que decir de las personas que caminan solas por la calle, no importa ni la hora, inclusive habiendo otras personas alrededor, las víctimas intimidadas no acuden a pedir auxilio.
En alguna oportunidad, las mismas autoridades policiales mostraron estar más de un lado que del otro, con recomendaciones que no hicieron otra cosa que fortalecer a los delincuentes, como aquellas de que: ”no ofrezca resistencia”, “entregue todo lo que tiene”, entendemos que era porque querían preservar la vida de los ciudadanos, pero el resultado obtenido ha sido inverso, los asaltantes son cada vez más audaces y valientes.
La iniciativa de la Comisión de Seguridad, que ha sido acogida por la Prefectura, analiza también la sugerencia de que esta actividad pueda ser financiada con recursos recaudados con una pequeña cuota a través de las factura de teléfonos o de electricidad.
Como no podía ser de otra manera, las autoridades de gobierno, con la intención de crear problemas antes que de resolverlos, han indicado que no permitirán que se haga ese tipo de recaudaciones, que se deducirá el monto de los recursos prefecturales, como se ha hecho para pagar los beneficios creados por ellos como el Bono Dignidad o el Bono Madre Niño.
No sería extraño que con esa actitud se intente también intervenir las cooperativas, para evitar que sean manejadas para favorecer los intereses de los ciudadanos.
Ya se ha echado sombras sobre una de ellas, involucrándola con aquella novela del terrorismo, que aún no sabemos cuánto de verdad pueda tener; de lo que si estamos seguros es que los dueños de la cooperativa, los ciudadanos de Santa Cruz, no han autorizado ninguna operación extraña y que de existir sería de responsabilidad personal y nunca del total de la institución, que es de todos los que adquirieron las acciones, es decir de la mayor parte de los ciudadanos.
Pensar que se puede hacer con Cotas lo mismo que se hizo con Cotel sería una aventura, porque se trata de situaciones diferentes, en La Paz fueron los trabajadores de la institución los que denunciaron las irregularidades, las mismas que fueron avaladas por los socios y suponemos que la intervención encontrará su final cuando las autoridades establezcan la veracidad de las denuncias y procedan en consecuencia y los propietarios de la empresa decidan quien confiar su administración.
Cabria recordar que las cooperativas cruceñas fueron hechas con recursos de los ciudadanos, a través de la compra de acciones o de las instalaciones, y que fueron pagadas con amortizaciones mensuales, mediante las cuotas mensuales junto a los servicios recibidos. En el caso de la CRE por ejemplo, los socios no sólo pagan el servicio domiciliario sin también el alumbrado público, sucede también con el recojo de la basura y otros servicios que administra el municipio.
Pensamos que sucederá lo propio con el servicio de vigilancia que será de los ciudadanos, más ahora que las autoridades policiales han afirmado que los efectivos policiales no quieren trasladarse a Santa Cruz, justificando así la ineficacia del servicio. Con una pequeña cuota podremos tener una vigilancia hecha en casa.