28 Jun.09
El propósito del gobierno, de dar fin con el Poder Judicial es cuestión de tiempo, ya no hay necesidad de hacer ningún esfuerzo, porque como diría el chapulín colorado, todo está fríamente calculado.
Una de las pocas señales de vida que tenía el organismo judicial estaba precisamente en el Tribunal Constitucional, donde la única persona que quedaba vigente tuvo la capacidad de mostrar su responsabilidad en reiteradas oportunidades, en las cuales, a falta de poder reunirse con sus pares para emitir pronunciamientos, hizo conocer su opinión sobre varios aspectos relacionados con la violación de los preceptos constitucionales.
La situación adquiere todavía una mayor dimensión cuando el texto fundamental que la magistrada estaba defendiendo, era precisamente la Constitución aprobada por el actual gobierno y cuyos miembros, en actos rodeados de solemnidad, juran repetidas veces cumplir y hacer cumplir.
Lo último que se hizo en contra de este organismo del Poder Judicial fue el corte de los recursos presupuestarios, lo que impide su funcionamiento, así sea en el ámbito puramente administrativo, por la falta de recursos tendrá que verse obligado a cerrar sus puertas, despidiendo a los funcionarios que tenía a su cargo.
La Dr. Susana Seleme no tuvo alternativa, y ante la indiferencia de las autoridades del Ejecutivo que se mantuvieron firmes en su deseo de asfixiar este organismo, no tuvo otro recurso que cumplir con la anunciada renuncia al cargo.
Pero la arremetida oficial no solo apuntaba al Tribunal Constitucional sino también al cuerpo principal del Poder Judicial, precisamente el Presidente de la Corte Suprema que ha sido destituido y se encuentra actualmente bajo la persecución de las autoridades del gobierno que intentan proceder a un interrogatorio, cuyo resultado es muy fácil de predecir.
La situación no ha podido ser concretada el pasado fin de semana, debido a que el Dr. Eddy Fernández se encuentra con la salud debilitada, precisamente por esa persecución que no puede dejar de inquietar a cualquier persona que ve su seguridad, no solo comprometida sino seriamente amenazada.
La situación del Prefecto de Pando y otros casos muestran que todo puede suceder y nadie que esté bajo la mirada de las autoridades del ejecutivo puede sentirse seguro. Son varios los ciudadanos que han recurrido al asilo político en países vecinos y aún más alejados.
Los argumentos para proceder a amedrentar a los ciudadanos son la parte menos complicada del problema, cada día aparecen nuevas listas de personas comprometidas con un acto de terrorismo, que hasta sus mismos creadores han dejado de creerlo, porque ha estado orquestado de tal manera que no existe ninguna prueba para verificar su existencia y la veracidad de los planes que se le atribuyen.
A falta de argumentos relacionados con el terrorismo, escuchamos ayer otro argumento que mueve a preocupación, no sería raro que en el curso de los próximos días nos vayamos enterando de la larga lista de comprometidos en el asesinato de la tía del Jefe del Estado, quien ha manifestado en un discurso que tiene seria sospechas de que el fallecimiento de la señora que salió de su casa para cobrar el Bono Dignidad y apareció muerta días después sin que la policía hubiera podido escalfecer los hechos, sea producto de una confabulación, que podría reactivar al languideciente Conalde.
El debilitamiento de la institucionalidad tiene que ser motivo de preocupación para todos los bolivianos que en su momento, nos sumamos al clamor por la vida en democracia, libertad y autonomía. Derechos enunciados por la Constitución Política del Estado, y que repetimos, no es respetada ni por las personas que la crearon y la impusieron, aprovechando que el tribunal encargado de vigilar su vigencia acaba de desaparecer.
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