30 Jun.09
El inicio de la semana nos llega con la noticia del golpe de estado que se produjo en Honduras donde la intervención de los militares provocó la sustitución del Presidente de la República por el presidente del Congreso.
La reacción sobre este hecho fue unánime en toda Latinoamérica y en otros lugares del mundo, donde el deseo de vivir en democracia es un objetivo permanente. Sin embargo lo repetimos, el concepto de democracia en muchas oportunidades se presta diferentes interpretaciones, así lo ha hecho notar el nuevo presidente que dice que ese es un acto contemplado en las normas del estado Hondureño.
En el caso de nuestro país, no solo hubo protesta por ese hecho sino que se asumió la indicativa de promover una reunión de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América ALBA, para emitir un pronunciamiento conjunto sobre el tema.
Paralelamente, la Cancillería ha presentado el pedido ante la Organización de Estados Americanos para que este organismo internacional se pronuncie estableciendo un plazo para que el país centroamericano vuelva a la normalidad.
Cabe aclarar además que el presidente del congreso que asumió el mando de la nación, ha asumido el compromiso de gobernar hasta noviembre, en que se producirán las elecciones que designarán al sucesor del presidente destituido.
La preocupación en este caso no nace de los diferentes pronunciamientos que se ha escuchado de diferentes países con relación al problema, sino en particular de la declaración hecha por el Presidente de Venezuela quien como ya lo ha hecho en anteriores oportunidades, en otras situaciones, ha ofrecido intervenir directamente para restituir al presidente derrocado.
Nuestra preocupación es saber hasta dónde pueden concretarse esas advertencias, cabe recordar que nuestro país recibió en algún momento amenazas de la misma naturaleza y que en varias oportunidades se ha denunciado la presencia de militares venezolanos en situaciones en las que se puede considerar una violación a la soberanía nacional, independientemente de si se cuenta o no con la venia de las autoridades de gobierno.
Consideramos que se trata del único caso en que un mandatario ha hecho una amenaza semejante, incluyendo los Estados Unidos que si bien se han pronunciado condenado el hecho, de ninguna manera se ha atrevido a anunciar su intervención militar para participar en esa situación.
Pensamos que en los casos en que se atenta contra la estabilidad democrática de un estado, nadie mas que sus mimas autoridades, instituciones o finalmente los ciudadanos, están en condiciones de resolver sus problemas, las opiniones y pronunciamientos que puedan emitir otras naciones, son solo eso, opiniones para mostrar su disconformidad con un hecho. Pero de ninguna manera se puede pensar en intervenir.
En el caso de Honduras, la presencia venezolana se había advertido en el momento mismo de la convocatoria a la consulta popular, incluyendo el hecho de haber facilitado las ánforas con las que la consulta podía haberse hecho efectiva, sin embargo el ofrecimiento de una intervención armada nos parece temerario y dadas las relaciones que nuestro gobierno tiene con ese país, nos parece algo digno de ser observado con suma atención, par ver hasta dónde se puede llegar.
Seria advertencia
29 Jun.09
El empecinamiento por realizar una consulta popular que había propuesto para modificar la Constitución Política del Estado, terminó por ser la ruina de Manuel Zelaya de manos de las fuerzas armadas y del Parlamento que finalmente decidieron su destitución.
En el caso hondureño, la inspiración chavista de convocar a una Asamblea Constituyente, con el propósito de asegurar su retorno al poder, resultó siendo una medida precipitada con la cual no todos estaban de acuerdo o a la cual no todos trataban con indiferencia que es otra manera de permitir que las cosas que no se desea sucedan.
Para nosotros observar lo que acontece en Honduras es realmente interesante, porque se produce una serie de coincidencias interesantes con lo acontecido en nuestro país en los últimos años, en un ambiente de pseudo democracia donde todo resulta posible.
Si bien el cambio político nace de una determinación de las fuerzas armadas, que decidieron tomar las cosas por su cuenta, como sucedía con frecuencia hace cuarenta años, el hecho de que se hubiera buscado la intervención del Parlamento, intenta darle un aspecto de legalidad a una situación que resulta de todos modos arbitraria.
Aquí cabe una reflexión, el hecho de llegar al gobierno por el camino de la democracia no da carta blanca a las personas que lo detentan para exceder sus atribuciones, con el riesgo de provocar situaciones al margen de la ley que pueden alterar la vida de una comunidad y lo que es más grave demorar su desarrollo, que en el caso hondureño es tan lento como el de muchas países de la región.
Resulta interesante por otro lado ver que quienes reaccionaron observando la actitud asumida por las fuerzas armadas hondureñas, si bien argumentaron la necesidad de la vigencia de la democracia, lo hicieron apoyando medidas que llevaban la democracia por un camino equivocado.
El Parlamento hondureño, por su parte, ha explicado la forma legal en que se ha producido en traspaso del poder y que por tal razón estaría dentro de las normas legales que establecen esa forma de transición.
La Organización de Estados Americanos, que en los últimos años se ha caracterizado por apoyar las acciones del países identificados con un pensamiento autoritario que trata de imponerse en el continente.
La situación ha sido también censurada por el presidente Obama de los Estados Unidos de Norteamérica, quien recomendó volver al camino de la democracia para resolver el problema.
Lo mismo ha sucedido con los países integrantes de la Alianza Latinoamericana ALBA a la que el nuestro se encuentra vinculado y que fue una condena a una situación que impedía concretar algo que se ha generalizado en la región.
Podemos ver de esa manera que la democracia da para todo, que los gobernantes acuden a ella para ponerla al servicio del ciudadano o de sus intereses o que la interpretan de la forma que mejor les conviene.
Sin embargo tendremos que convenir, como lo hace muchas personas y desde hace mucho tiempo, afirmar que la democracia, si bien tiene sus imperfecciones, es el mejor camino para la marcha de los pueblos, pero la democracia obliga también respetar la institucionalidad y en el caso que nos ocupa tiene la clara intención de forzarla a favor de quien detenta el poder, pero que al actuar de esa manera la pone en riesgo.
El empecinamiento por realizar una consulta popular que había propuesto para modificar la Constitución Política del Estado, terminó por ser la ruina de Manuel Zelaya de manos de las fuerzas armadas y del Parlamento que finalmente decidieron su destitución.
En el caso hondureño, la inspiración chavista de convocar a una Asamblea Constituyente, con el propósito de asegurar su retorno al poder, resultó siendo una medida precipitada con la cual no todos estaban de acuerdo o a la cual no todos trataban con indiferencia que es otra manera de permitir que las cosas que no se desea sucedan.
Para nosotros observar lo que acontece en Honduras es realmente interesante, porque se produce una serie de coincidencias interesantes con lo acontecido en nuestro país en los últimos años, en un ambiente de pseudo democracia donde todo resulta posible.
Si bien el cambio político nace de una determinación de las fuerzas armadas, que decidieron tomar las cosas por su cuenta, como sucedía con frecuencia hace cuarenta años, el hecho de que se hubiera buscado la intervención del Parlamento, intenta darle un aspecto de legalidad a una situación que resulta de todos modos arbitraria.
Aquí cabe una reflexión, el hecho de llegar al gobierno por el camino de la democracia no da carta blanca a las personas que lo detentan para exceder sus atribuciones, con el riesgo de provocar situaciones al margen de la ley que pueden alterar la vida de una comunidad y lo que es más grave demorar su desarrollo, que en el caso hondureño es tan lento como el de muchas países de la región.
Resulta interesante por otro lado ver que quienes reaccionaron observando la actitud asumida por las fuerzas armadas hondureñas, si bien argumentaron la necesidad de la vigencia de la democracia, lo hicieron apoyando medidas que llevaban la democracia por un camino equivocado.
El Parlamento hondureño, por su parte, ha explicado la forma legal en que se ha producido en traspaso del poder y que por tal razón estaría dentro de las normas legales que establecen esa forma de transición.
La Organización de Estados Americanos, que en los últimos años se ha caracterizado por apoyar las acciones del países identificados con un pensamiento autoritario que trata de imponerse en el continente.
La situación ha sido también censurada por el presidente Obama de los Estados Unidos de Norteamérica, quien recomendó volver al camino de la democracia para resolver el problema.
Lo mismo ha sucedido con los países integrantes de la Alianza Latinoamericana ALBA a la que el nuestro se encuentra vinculado y que fue una condena a una situación que impedía concretar algo que se ha generalizado en la región.
Podemos ver de esa manera que la democracia da para todo, que los gobernantes acuden a ella para ponerla al servicio del ciudadano o de sus intereses o que la interpretan de la forma que mejor les conviene.
Sin embargo tendremos que convenir, como lo hace muchas personas y desde hace mucho tiempo, afirmar que la democracia, si bien tiene sus imperfecciones, es el mejor camino para la marcha de los pueblos, pero la democracia obliga también respetar la institucionalidad y en el caso que nos ocupa tiene la clara intención de forzarla a favor de quien detenta el poder, pero que al actuar de esa manera la pone en riesgo.
Muerte lenta
28 Jun.09
El propósito del gobierno, de dar fin con el Poder Judicial es cuestión de tiempo, ya no hay necesidad de hacer ningún esfuerzo, porque como diría el chapulín colorado, todo está fríamente calculado.
Una de las pocas señales de vida que tenía el organismo judicial estaba precisamente en el Tribunal Constitucional, donde la única persona que quedaba vigente tuvo la capacidad de mostrar su responsabilidad en reiteradas oportunidades, en las cuales, a falta de poder reunirse con sus pares para emitir pronunciamientos, hizo conocer su opinión sobre varios aspectos relacionados con la violación de los preceptos constitucionales.
La situación adquiere todavía una mayor dimensión cuando el texto fundamental que la magistrada estaba defendiendo, era precisamente la Constitución aprobada por el actual gobierno y cuyos miembros, en actos rodeados de solemnidad, juran repetidas veces cumplir y hacer cumplir.
Lo último que se hizo en contra de este organismo del Poder Judicial fue el corte de los recursos presupuestarios, lo que impide su funcionamiento, así sea en el ámbito puramente administrativo, por la falta de recursos tendrá que verse obligado a cerrar sus puertas, despidiendo a los funcionarios que tenía a su cargo.
La Dr. Susana Seleme no tuvo alternativa, y ante la indiferencia de las autoridades del Ejecutivo que se mantuvieron firmes en su deseo de asfixiar este organismo, no tuvo otro recurso que cumplir con la anunciada renuncia al cargo.
Pero la arremetida oficial no solo apuntaba al Tribunal Constitucional sino también al cuerpo principal del Poder Judicial, precisamente el Presidente de la Corte Suprema que ha sido destituido y se encuentra actualmente bajo la persecución de las autoridades del gobierno que intentan proceder a un interrogatorio, cuyo resultado es muy fácil de predecir.
La situación no ha podido ser concretada el pasado fin de semana, debido a que el Dr. Eddy Fernández se encuentra con la salud debilitada, precisamente por esa persecución que no puede dejar de inquietar a cualquier persona que ve su seguridad, no solo comprometida sino seriamente amenazada.
La situación del Prefecto de Pando y otros casos muestran que todo puede suceder y nadie que esté bajo la mirada de las autoridades del ejecutivo puede sentirse seguro. Son varios los ciudadanos que han recurrido al asilo político en países vecinos y aún más alejados.
Los argumentos para proceder a amedrentar a los ciudadanos son la parte menos complicada del problema, cada día aparecen nuevas listas de personas comprometidas con un acto de terrorismo, que hasta sus mismos creadores han dejado de creerlo, porque ha estado orquestado de tal manera que no existe ninguna prueba para verificar su existencia y la veracidad de los planes que se le atribuyen.
A falta de argumentos relacionados con el terrorismo, escuchamos ayer otro argumento que mueve a preocupación, no sería raro que en el curso de los próximos días nos vayamos enterando de la larga lista de comprometidos en el asesinato de la tía del Jefe del Estado, quien ha manifestado en un discurso que tiene seria sospechas de que el fallecimiento de la señora que salió de su casa para cobrar el Bono Dignidad y apareció muerta días después sin que la policía hubiera podido escalfecer los hechos, sea producto de una confabulación, que podría reactivar al languideciente Conalde.
El debilitamiento de la institucionalidad tiene que ser motivo de preocupación para todos los bolivianos que en su momento, nos sumamos al clamor por la vida en democracia, libertad y autonomía. Derechos enunciados por la Constitución Política del Estado, y que repetimos, no es respetada ni por las personas que la crearon y la impusieron, aprovechando que el tribunal encargado de vigilar su vigencia acaba de desaparecer.
El propósito del gobierno, de dar fin con el Poder Judicial es cuestión de tiempo, ya no hay necesidad de hacer ningún esfuerzo, porque como diría el chapulín colorado, todo está fríamente calculado.
Una de las pocas señales de vida que tenía el organismo judicial estaba precisamente en el Tribunal Constitucional, donde la única persona que quedaba vigente tuvo la capacidad de mostrar su responsabilidad en reiteradas oportunidades, en las cuales, a falta de poder reunirse con sus pares para emitir pronunciamientos, hizo conocer su opinión sobre varios aspectos relacionados con la violación de los preceptos constitucionales.
La situación adquiere todavía una mayor dimensión cuando el texto fundamental que la magistrada estaba defendiendo, era precisamente la Constitución aprobada por el actual gobierno y cuyos miembros, en actos rodeados de solemnidad, juran repetidas veces cumplir y hacer cumplir.
Lo último que se hizo en contra de este organismo del Poder Judicial fue el corte de los recursos presupuestarios, lo que impide su funcionamiento, así sea en el ámbito puramente administrativo, por la falta de recursos tendrá que verse obligado a cerrar sus puertas, despidiendo a los funcionarios que tenía a su cargo.
La Dr. Susana Seleme no tuvo alternativa, y ante la indiferencia de las autoridades del Ejecutivo que se mantuvieron firmes en su deseo de asfixiar este organismo, no tuvo otro recurso que cumplir con la anunciada renuncia al cargo.
Pero la arremetida oficial no solo apuntaba al Tribunal Constitucional sino también al cuerpo principal del Poder Judicial, precisamente el Presidente de la Corte Suprema que ha sido destituido y se encuentra actualmente bajo la persecución de las autoridades del gobierno que intentan proceder a un interrogatorio, cuyo resultado es muy fácil de predecir.
La situación no ha podido ser concretada el pasado fin de semana, debido a que el Dr. Eddy Fernández se encuentra con la salud debilitada, precisamente por esa persecución que no puede dejar de inquietar a cualquier persona que ve su seguridad, no solo comprometida sino seriamente amenazada.
La situación del Prefecto de Pando y otros casos muestran que todo puede suceder y nadie que esté bajo la mirada de las autoridades del ejecutivo puede sentirse seguro. Son varios los ciudadanos que han recurrido al asilo político en países vecinos y aún más alejados.
Los argumentos para proceder a amedrentar a los ciudadanos son la parte menos complicada del problema, cada día aparecen nuevas listas de personas comprometidas con un acto de terrorismo, que hasta sus mismos creadores han dejado de creerlo, porque ha estado orquestado de tal manera que no existe ninguna prueba para verificar su existencia y la veracidad de los planes que se le atribuyen.
A falta de argumentos relacionados con el terrorismo, escuchamos ayer otro argumento que mueve a preocupación, no sería raro que en el curso de los próximos días nos vayamos enterando de la larga lista de comprometidos en el asesinato de la tía del Jefe del Estado, quien ha manifestado en un discurso que tiene seria sospechas de que el fallecimiento de la señora que salió de su casa para cobrar el Bono Dignidad y apareció muerta días después sin que la policía hubiera podido escalfecer los hechos, sea producto de una confabulación, que podría reactivar al languideciente Conalde.
El debilitamiento de la institucionalidad tiene que ser motivo de preocupación para todos los bolivianos que en su momento, nos sumamos al clamor por la vida en democracia, libertad y autonomía. Derechos enunciados por la Constitución Política del Estado, y que repetimos, no es respetada ni por las personas que la crearon y la impusieron, aprovechando que el tribunal encargado de vigilar su vigencia acaba de desaparecer.
Hecho en casa
27 Jun.09
Por una iniciativa del Comité de Seguridad Ciudadana, que depende del gobierno departamental, se abre la posibilidad de que con recursos prefecturales se pueda crear los ítems necesarios, para que la misma ciudadanía se encargue de la vigilancia y control, para evitar la proliferación de la delincuencia.
En la comunidad se acentúa la preocupación porque los asaltos, robos y agresiones a los ciudadanos se encuentran a la orden del día, nadie puede estar seguro ni dentro de su casa, porque se ha vuelto normal que un grupo de malvivientes se introduzca al domicilio y cargue con todo lo que encuentre. Ni que decir de las personas que caminan solas por la calle, no importa ni la hora, inclusive habiendo otras personas alrededor, las víctimas intimidadas no acuden a pedir auxilio.
En alguna oportunidad, las mismas autoridades policiales mostraron estar más de un lado que del otro, con recomendaciones que no hicieron otra cosa que fortalecer a los delincuentes, como aquellas de que: ”no ofrezca resistencia”, “entregue todo lo que tiene”, entendemos que era porque querían preservar la vida de los ciudadanos, pero el resultado obtenido ha sido inverso, los asaltantes son cada vez más audaces y valientes.
La iniciativa de la Comisión de Seguridad, que ha sido acogida por la Prefectura, analiza también la sugerencia de que esta actividad pueda ser financiada con recursos recaudados con una pequeña cuota a través de las factura de teléfonos o de electricidad.
Como no podía ser de otra manera, las autoridades de gobierno, con la intención de crear problemas antes que de resolverlos, han indicado que no permitirán que se haga ese tipo de recaudaciones, que se deducirá el monto de los recursos prefecturales, como se ha hecho para pagar los beneficios creados por ellos como el Bono Dignidad o el Bono Madre Niño.
No sería extraño que con esa actitud se intente también intervenir las cooperativas, para evitar que sean manejadas para favorecer los intereses de los ciudadanos.
Ya se ha echado sombras sobre una de ellas, involucrándola con aquella novela del terrorismo, que aún no sabemos cuánto de verdad pueda tener; de lo que si estamos seguros es que los dueños de la cooperativa, los ciudadanos de Santa Cruz, no han autorizado ninguna operación extraña y que de existir sería de responsabilidad personal y nunca del total de la institución, que es de todos los que adquirieron las acciones, es decir de la mayor parte de los ciudadanos.
Pensar que se puede hacer con Cotas lo mismo que se hizo con Cotel sería una aventura, porque se trata de situaciones diferentes, en La Paz fueron los trabajadores de la institución los que denunciaron las irregularidades, las mismas que fueron avaladas por los socios y suponemos que la intervención encontrará su final cuando las autoridades establezcan la veracidad de las denuncias y procedan en consecuencia y los propietarios de la empresa decidan quien confiar su administración.
Cabria recordar que las cooperativas cruceñas fueron hechas con recursos de los ciudadanos, a través de la compra de acciones o de las instalaciones, y que fueron pagadas con amortizaciones mensuales, mediante las cuotas mensuales junto a los servicios recibidos. En el caso de la CRE por ejemplo, los socios no sólo pagan el servicio domiciliario sin también el alumbrado público, sucede también con el recojo de la basura y otros servicios que administra el municipio.
Pensamos que sucederá lo propio con el servicio de vigilancia que será de los ciudadanos, más ahora que las autoridades policiales han afirmado que los efectivos policiales no quieren trasladarse a Santa Cruz, justificando así la ineficacia del servicio. Con una pequeña cuota podremos tener una vigilancia hecha en casa.
Por una iniciativa del Comité de Seguridad Ciudadana, que depende del gobierno departamental, se abre la posibilidad de que con recursos prefecturales se pueda crear los ítems necesarios, para que la misma ciudadanía se encargue de la vigilancia y control, para evitar la proliferación de la delincuencia.
En la comunidad se acentúa la preocupación porque los asaltos, robos y agresiones a los ciudadanos se encuentran a la orden del día, nadie puede estar seguro ni dentro de su casa, porque se ha vuelto normal que un grupo de malvivientes se introduzca al domicilio y cargue con todo lo que encuentre. Ni que decir de las personas que caminan solas por la calle, no importa ni la hora, inclusive habiendo otras personas alrededor, las víctimas intimidadas no acuden a pedir auxilio.
En alguna oportunidad, las mismas autoridades policiales mostraron estar más de un lado que del otro, con recomendaciones que no hicieron otra cosa que fortalecer a los delincuentes, como aquellas de que: ”no ofrezca resistencia”, “entregue todo lo que tiene”, entendemos que era porque querían preservar la vida de los ciudadanos, pero el resultado obtenido ha sido inverso, los asaltantes son cada vez más audaces y valientes.
La iniciativa de la Comisión de Seguridad, que ha sido acogida por la Prefectura, analiza también la sugerencia de que esta actividad pueda ser financiada con recursos recaudados con una pequeña cuota a través de las factura de teléfonos o de electricidad.
Como no podía ser de otra manera, las autoridades de gobierno, con la intención de crear problemas antes que de resolverlos, han indicado que no permitirán que se haga ese tipo de recaudaciones, que se deducirá el monto de los recursos prefecturales, como se ha hecho para pagar los beneficios creados por ellos como el Bono Dignidad o el Bono Madre Niño.
No sería extraño que con esa actitud se intente también intervenir las cooperativas, para evitar que sean manejadas para favorecer los intereses de los ciudadanos.
Ya se ha echado sombras sobre una de ellas, involucrándola con aquella novela del terrorismo, que aún no sabemos cuánto de verdad pueda tener; de lo que si estamos seguros es que los dueños de la cooperativa, los ciudadanos de Santa Cruz, no han autorizado ninguna operación extraña y que de existir sería de responsabilidad personal y nunca del total de la institución, que es de todos los que adquirieron las acciones, es decir de la mayor parte de los ciudadanos.
Pensar que se puede hacer con Cotas lo mismo que se hizo con Cotel sería una aventura, porque se trata de situaciones diferentes, en La Paz fueron los trabajadores de la institución los que denunciaron las irregularidades, las mismas que fueron avaladas por los socios y suponemos que la intervención encontrará su final cuando las autoridades establezcan la veracidad de las denuncias y procedan en consecuencia y los propietarios de la empresa decidan quien confiar su administración.
Cabria recordar que las cooperativas cruceñas fueron hechas con recursos de los ciudadanos, a través de la compra de acciones o de las instalaciones, y que fueron pagadas con amortizaciones mensuales, mediante las cuotas mensuales junto a los servicios recibidos. En el caso de la CRE por ejemplo, los socios no sólo pagan el servicio domiciliario sin también el alumbrado público, sucede también con el recojo de la basura y otros servicios que administra el municipio.
Pensamos que sucederá lo propio con el servicio de vigilancia que será de los ciudadanos, más ahora que las autoridades policiales han afirmado que los efectivos policiales no quieren trasladarse a Santa Cruz, justificando así la ineficacia del servicio. Con una pequeña cuota podremos tener una vigilancia hecha en casa.
Hoja Sagrada
26 jun. 09
En los últimos días hemos escuchado varias informaciones sobre el incremento de los cultivos de coca en nuestro país, la información no debería extrañarnos si las autoridades de gobierno prácticamente han limitado el control de estos cultivos y por el contrario, han viabilizado autorizaciones para la realización de estos cultivos e inclusive han entregado tierras del ex presidente Sánchez de Lozada, en la región de los Yungas, a los productores del agro, tierras que son conocidas por la existencia de este tipo de cultivos.
Cuando se habla del incremento del narcotráfico en nuestro país, el gobierno se apoya en las informaciones que dan cuenta de los trabajo de erradicación de las plantaciones, lo que también se explica ya que si se incrementan los cultivos, es lógico que los esfuerzos por erradicar también aumenten para disminuir los resultados en las estadística.
El tema cobra especial importancia hoy cuando se recuerda el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, establecido por la Organización de las Naciones Unidas.
Por otra parte recordemos que ayer el Presidente Morales canceló su viaje a la sede de la ONU, donde tenía que pronunciar un discurso relacionado con la crisis económica mundial.
Volviendo al tema del narcotráfico, las informaciones de las estadísticas resultan favoreciendo a nuestro país, al dar cuenta de que los índices de producción de cocaína son inferiores a los de Colombia y del Perú, el primero sería el mayor productor de la región.
A propósito es fácil advertir de alguna manera, por la presencia de personas de nacionalidad colombiana vinculadas al narcotráfico que son capturadas, e inclusive asesinadas en nuestro país que quienes producen la cocaína en ese país apelan a la materia prima que se produce en Bolivia y que es trasladada en avionetas y otro tipo de vehículos.
Las informaciones no son nada alentadoras ya que posiblemente, se trata del mayor problema de la humanidad en los últimos tiempos y que ha estigmatizado a nuestro país con la producción de la droga.
Recordemos por otra parte que no se trata del primer gobierno que asume la defensa de la producción de coca en Bolivia, ya lo hizo anteriormente el Gobierno del Acuerdo Patriótico MIR-ADN con la famosa campaña de “Coca no es cocaína” y que llegó a diferentes escenarios a nivel mundial, sin conseguir cambiar la idea.
En el caso presente, la situación se ha acentuado al tomar en cuenta la idea de que la hoja de coca tendría influencia en la vida de los pueblos originarios y que la masticación de la misma es parte de su cultura, recordemos que el mismo Presidente Morales masticó coca en un foro internacional, desafiando al auditorio a demostrarle que se trataba de una droga.
En cuanto al tráfico mismo, todas las semanas publicamos informaciones relacionadas con el decomiso de drogas y ya no se trata de unos cuantos kilos, como sucedía en el pasado, sino de toneladas con las que los sistemas de control resultarían insuficientes, por no utilizar otros calificativos para quienes tienen compromiso con la sociedad, de evitar que ello suceda.
Lo grave de la situación es que en esta como en otras oportunidades, el país queda en tela de juicio y su imagen vuelve a ser mencionada, como sucedió durante la dictadura de García Mesa y otros gobiernos autoritarios donde el narcotráfico alcanzó niveles elevados.
En los últimos días hemos escuchado varias informaciones sobre el incremento de los cultivos de coca en nuestro país, la información no debería extrañarnos si las autoridades de gobierno prácticamente han limitado el control de estos cultivos y por el contrario, han viabilizado autorizaciones para la realización de estos cultivos e inclusive han entregado tierras del ex presidente Sánchez de Lozada, en la región de los Yungas, a los productores del agro, tierras que son conocidas por la existencia de este tipo de cultivos.
Cuando se habla del incremento del narcotráfico en nuestro país, el gobierno se apoya en las informaciones que dan cuenta de los trabajo de erradicación de las plantaciones, lo que también se explica ya que si se incrementan los cultivos, es lógico que los esfuerzos por erradicar también aumenten para disminuir los resultados en las estadística.
El tema cobra especial importancia hoy cuando se recuerda el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, establecido por la Organización de las Naciones Unidas.
Por otra parte recordemos que ayer el Presidente Morales canceló su viaje a la sede de la ONU, donde tenía que pronunciar un discurso relacionado con la crisis económica mundial.
Volviendo al tema del narcotráfico, las informaciones de las estadísticas resultan favoreciendo a nuestro país, al dar cuenta de que los índices de producción de cocaína son inferiores a los de Colombia y del Perú, el primero sería el mayor productor de la región.
A propósito es fácil advertir de alguna manera, por la presencia de personas de nacionalidad colombiana vinculadas al narcotráfico que son capturadas, e inclusive asesinadas en nuestro país que quienes producen la cocaína en ese país apelan a la materia prima que se produce en Bolivia y que es trasladada en avionetas y otro tipo de vehículos.
Las informaciones no son nada alentadoras ya que posiblemente, se trata del mayor problema de la humanidad en los últimos tiempos y que ha estigmatizado a nuestro país con la producción de la droga.
Recordemos por otra parte que no se trata del primer gobierno que asume la defensa de la producción de coca en Bolivia, ya lo hizo anteriormente el Gobierno del Acuerdo Patriótico MIR-ADN con la famosa campaña de “Coca no es cocaína” y que llegó a diferentes escenarios a nivel mundial, sin conseguir cambiar la idea.
En el caso presente, la situación se ha acentuado al tomar en cuenta la idea de que la hoja de coca tendría influencia en la vida de los pueblos originarios y que la masticación de la misma es parte de su cultura, recordemos que el mismo Presidente Morales masticó coca en un foro internacional, desafiando al auditorio a demostrarle que se trataba de una droga.
En cuanto al tráfico mismo, todas las semanas publicamos informaciones relacionadas con el decomiso de drogas y ya no se trata de unos cuantos kilos, como sucedía en el pasado, sino de toneladas con las que los sistemas de control resultarían insuficientes, por no utilizar otros calificativos para quienes tienen compromiso con la sociedad, de evitar que ello suceda.
Lo grave de la situación es que en esta como en otras oportunidades, el país queda en tela de juicio y su imagen vuelve a ser mencionada, como sucedió durante la dictadura de García Mesa y otros gobiernos autoritarios donde el narcotráfico alcanzó niveles elevados.
Es haciendo
25 Jun.09
Las autoridades de gobierno han advertido que si la Prefectura de Santa Cruz no utiliza recursos de su presupuesto para atender las necesidades de seguridad ciudadana, estos serán retenidos para facilitar las actividades policiales.
Resulta que al recordarse el aniversario de la Policía Nacional tuvo lugar la llegada a Santa Cruz del Presidente del Estado y otras autoridades, aprovechando esa situación, las autoridades y las instituciones locales levantaron su voz de alerta, demandando mayor atención a los problemas de segundad ciudadana.
La réplica llegó de distintas maneras, pero en ninguna se dijo que podrían poner algo de su parte para mejorar la situación y evitar que los ciudadanos del centro productor más importante del país continúen viviendo sobresaltados ante el riesgo de ser víctimas de los delincuentes.
Y la situación crece de una manera alarmante, todos los días podemos ver en la prensa, inclusive en la menos sensacionalista, una cantidad de casos en que las personas han sido baleadas, acuchilladas y otras hadas que las autoridades del gobierno central no pretenden tratar como al hado del himno cruceño, que intentaron erradicar a pesar de no hacerles ningún daño, salvo su falso nacionalismo.
En los últimos días, las autoridades de gobierno han mostrado su preocupación por la proliferación de casos del virus AH1N1 y nos hacen un recuento permanente, en el cual Santa Cruz no deja de estar la cabeza por el número de casos, sería conveniente hacer algo parecido con los casos de delincuencia que proliferan y nadie se preocupa por ponerlos en cuarentena.
El comandante de la Policía Nacional llegó también a Santa Cruz en ocasión del desfile, la única vez en muchos años que la ciudadanía cruceña tuvo oportunidad de ver tantos policías, lástima que se juntaron sólo para una parada, hubiera estamos mejor verlos en alguna actividad más próxima al interés de la comunidad.
Cuando se habló sobre el tema de la falta de seguridad, la autoridad policial resultó extrañada preguntando ¿cuál inseguridad? Al parecer sus subalternos no le informan y no ve tele, donde aparecen todos los casos. Parecía extraño, pero no lo es, ya sucedió en alguna oportunidad, resulta que dentro de las actividades delictivas que se observa en la ciudad apareció el caso de un grupo terroristas que planeaba una acción en gran escala, magnicidios, ministricidos, prefecticidos y otros idios y la Policía ni chis ni mus, tuvo que venir un grupo de policía de élite de la ciudad de La Paz, donde se los adiestra con el producto de las recaudaciones que se hacen en el resto del país, para que puedan tomar cartas en el asunto.
En efecto, lo hicieron sorprendiendo a los forajidos cuando descansaban plácidamente en un hotel de varias estrellas, en el centro de la ciudad, y los acribillaron. Como explicaba su comandante, los policías no vieron nada, no se enteraron, ello sucedió sólo cuando vieron la tele.
Ahora resulta que se exige que el presupuesto de la Prefectura sea utilizado para mantener ese grupo de policías que solo aparece para desfilar y no con los recursos que se generan en el Departamento y se van a La Paz.
La propuesta podría ser más interesante, bastaría sólo cambiar el orden, ellos piden que nosotros recaudemos y ellos nombren las autoridades, seria mejor que nosotros las nombremos y ellos recauden, aunque viéndolo bien, podríamos quedarnos recaudando y poniendo los recursos en una policía que cumpla su función, como en las películas porque, parafraseando a su jefe, no la vemos.
Las autoridades de gobierno han advertido que si la Prefectura de Santa Cruz no utiliza recursos de su presupuesto para atender las necesidades de seguridad ciudadana, estos serán retenidos para facilitar las actividades policiales.
Resulta que al recordarse el aniversario de la Policía Nacional tuvo lugar la llegada a Santa Cruz del Presidente del Estado y otras autoridades, aprovechando esa situación, las autoridades y las instituciones locales levantaron su voz de alerta, demandando mayor atención a los problemas de segundad ciudadana.
La réplica llegó de distintas maneras, pero en ninguna se dijo que podrían poner algo de su parte para mejorar la situación y evitar que los ciudadanos del centro productor más importante del país continúen viviendo sobresaltados ante el riesgo de ser víctimas de los delincuentes.
Y la situación crece de una manera alarmante, todos los días podemos ver en la prensa, inclusive en la menos sensacionalista, una cantidad de casos en que las personas han sido baleadas, acuchilladas y otras hadas que las autoridades del gobierno central no pretenden tratar como al hado del himno cruceño, que intentaron erradicar a pesar de no hacerles ningún daño, salvo su falso nacionalismo.
En los últimos días, las autoridades de gobierno han mostrado su preocupación por la proliferación de casos del virus AH1N1 y nos hacen un recuento permanente, en el cual Santa Cruz no deja de estar la cabeza por el número de casos, sería conveniente hacer algo parecido con los casos de delincuencia que proliferan y nadie se preocupa por ponerlos en cuarentena.
El comandante de la Policía Nacional llegó también a Santa Cruz en ocasión del desfile, la única vez en muchos años que la ciudadanía cruceña tuvo oportunidad de ver tantos policías, lástima que se juntaron sólo para una parada, hubiera estamos mejor verlos en alguna actividad más próxima al interés de la comunidad.
Cuando se habló sobre el tema de la falta de seguridad, la autoridad policial resultó extrañada preguntando ¿cuál inseguridad? Al parecer sus subalternos no le informan y no ve tele, donde aparecen todos los casos. Parecía extraño, pero no lo es, ya sucedió en alguna oportunidad, resulta que dentro de las actividades delictivas que se observa en la ciudad apareció el caso de un grupo terroristas que planeaba una acción en gran escala, magnicidios, ministricidos, prefecticidos y otros idios y la Policía ni chis ni mus, tuvo que venir un grupo de policía de élite de la ciudad de La Paz, donde se los adiestra con el producto de las recaudaciones que se hacen en el resto del país, para que puedan tomar cartas en el asunto.
En efecto, lo hicieron sorprendiendo a los forajidos cuando descansaban plácidamente en un hotel de varias estrellas, en el centro de la ciudad, y los acribillaron. Como explicaba su comandante, los policías no vieron nada, no se enteraron, ello sucedió sólo cuando vieron la tele.
Ahora resulta que se exige que el presupuesto de la Prefectura sea utilizado para mantener ese grupo de policías que solo aparece para desfilar y no con los recursos que se generan en el Departamento y se van a La Paz.
La propuesta podría ser más interesante, bastaría sólo cambiar el orden, ellos piden que nosotros recaudemos y ellos nombren las autoridades, seria mejor que nosotros las nombremos y ellos recauden, aunque viéndolo bien, podríamos quedarnos recaudando y poniendo los recursos en una policía que cumpla su función, como en las películas porque, parafraseando a su jefe, no la vemos.
Garantía sólida
23 Jun.09
En retiradas oportunidades e incluso mediante normas especificas, las autoridades de gobierno han mostrado su posición en sentido de abrir las posibilidades de que los profesionales, en las diferentes especialidades, puedan acceder a un registro que les permita el libre ejercicio, sin presiones o exigencias de las organizaciones profesionales.
Uno de los primeros sectores afectados por esta situación es el de los abogados que han dado a conocer no solo su oposición a las normas anunciadas, sino su interés en que éstas sean derogadas para poder garantizar el ejercicio profesional.
Con frecuencia vemos en los medios de comunicación la denuncia de errores que se comenten en el ejercicio de determinadas actividades, inclusive poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos, debido a que personas inescrupulosas ejercen actividades profesionales sin el respaldo académico correspondiente, constituyendo ello una falta penada por las leyes en vigencia en el país.
La situación ha sido analizada por los distintos colegios profesionales existentes en el país y han dado a conocer su criterio al respecto en las federaciones que los reúnen. La Confederación de Profesionales de Bolivia, por su parte, ha recogido dichas expresiones y ha decidido elaborar una propuesta de ley que conjugue las posiciones, tanto oficiales como de los distintos sectores profesionales, con el fin de preservar la seguridad de la ciudadanía.
Se trata de un problema digno de ser analizado con seriedad. Hemos mencionado los casos de ejercicio profesional sin el respaldo necesario y las consecuencias dramáticas que ellos pueden tener.
Por otra parte, existen instituciones sólidas que preservan con solvencia el ejercicio profesional, tal es el caso antes mencionado del Colegio de Abogados o el del Colegio Médico, cuya presencia se hace indispensable y que por su importancia ha dado lugar a que se ejerza un serio control.
Sin embargo, hay muchas profesiones en las cuales la afiliación resulta postergada, permitiendo a cualquier ciudadano la posibilidad de ejercerla sin la formación y el respaldo institucionales necesarios.
En todas las actividades, el respaldo académico debe ser exigido para garantizar la seriedad en la atención a las personas, tanto en los servidores públicos como en el sector particular.
Hemos señalando los caos de los abogados y los médicos, en esos casos, el no ser atendido por un profesional con solvencia podría llevar a cualquier ciudadano a perder sus bienes materiales en gestiones judiciales desaprensivas, por lo que la seguridad de los bienes hace que este requisito sea cumplido; lo propio sucede con la salud, difícilmente una persona se arriesgaría a ser intervenida en una operación y aún atendida en sus dolencias, si no es con una personas que tenga la formación necesaria, si lo hacer corre el riesgo por haber tomado una decisión aventurada. Queda sin embargo una cantidad de profesiones, con la misma importancia, que merecen el mismo tratamiento.
Ante tal situación, la Confederación de Profesionales ha preparado, para que se aprobado por el Congreso Nacional, un proyecto de ley para el registro de profesionales a nivel nacional, fin de que todos sean respaldados institucionalmente en el ejercicio de sus funciones y lo que es aún mas importante, puedan ser controlados para la práctica de la ética en el ejercicio de su profesión y tengan la suficiente capacitación con el aval de los colegios especializados.
Ojala que la seriedad de esta propuesta pueda hacer que los bolivianos, no solo los naturales, sino todas las personas que viven en el país, puedan tener la seguridad de que las personas que los atienden, en cualquier campo de la actividad, sean respaldadas por la formación profesional necesaria y el aval de un colegio profesional, que tendría sobre sus espaldas la responsabilidad de garantizar un trabajo realizado con idoneidad.
En retiradas oportunidades e incluso mediante normas especificas, las autoridades de gobierno han mostrado su posición en sentido de abrir las posibilidades de que los profesionales, en las diferentes especialidades, puedan acceder a un registro que les permita el libre ejercicio, sin presiones o exigencias de las organizaciones profesionales.
Uno de los primeros sectores afectados por esta situación es el de los abogados que han dado a conocer no solo su oposición a las normas anunciadas, sino su interés en que éstas sean derogadas para poder garantizar el ejercicio profesional.
Con frecuencia vemos en los medios de comunicación la denuncia de errores que se comenten en el ejercicio de determinadas actividades, inclusive poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos, debido a que personas inescrupulosas ejercen actividades profesionales sin el respaldo académico correspondiente, constituyendo ello una falta penada por las leyes en vigencia en el país.
La situación ha sido analizada por los distintos colegios profesionales existentes en el país y han dado a conocer su criterio al respecto en las federaciones que los reúnen. La Confederación de Profesionales de Bolivia, por su parte, ha recogido dichas expresiones y ha decidido elaborar una propuesta de ley que conjugue las posiciones, tanto oficiales como de los distintos sectores profesionales, con el fin de preservar la seguridad de la ciudadanía.
Se trata de un problema digno de ser analizado con seriedad. Hemos mencionado los casos de ejercicio profesional sin el respaldo necesario y las consecuencias dramáticas que ellos pueden tener.
Por otra parte, existen instituciones sólidas que preservan con solvencia el ejercicio profesional, tal es el caso antes mencionado del Colegio de Abogados o el del Colegio Médico, cuya presencia se hace indispensable y que por su importancia ha dado lugar a que se ejerza un serio control.
Sin embargo, hay muchas profesiones en las cuales la afiliación resulta postergada, permitiendo a cualquier ciudadano la posibilidad de ejercerla sin la formación y el respaldo institucionales necesarios.
En todas las actividades, el respaldo académico debe ser exigido para garantizar la seriedad en la atención a las personas, tanto en los servidores públicos como en el sector particular.
Hemos señalando los caos de los abogados y los médicos, en esos casos, el no ser atendido por un profesional con solvencia podría llevar a cualquier ciudadano a perder sus bienes materiales en gestiones judiciales desaprensivas, por lo que la seguridad de los bienes hace que este requisito sea cumplido; lo propio sucede con la salud, difícilmente una persona se arriesgaría a ser intervenida en una operación y aún atendida en sus dolencias, si no es con una personas que tenga la formación necesaria, si lo hacer corre el riesgo por haber tomado una decisión aventurada. Queda sin embargo una cantidad de profesiones, con la misma importancia, que merecen el mismo tratamiento.
Ante tal situación, la Confederación de Profesionales ha preparado, para que se aprobado por el Congreso Nacional, un proyecto de ley para el registro de profesionales a nivel nacional, fin de que todos sean respaldados institucionalmente en el ejercicio de sus funciones y lo que es aún mas importante, puedan ser controlados para la práctica de la ética en el ejercicio de su profesión y tengan la suficiente capacitación con el aval de los colegios especializados.
Ojala que la seriedad de esta propuesta pueda hacer que los bolivianos, no solo los naturales, sino todas las personas que viven en el país, puedan tener la seguridad de que las personas que los atienden, en cualquier campo de la actividad, sean respaldadas por la formación profesional necesaria y el aval de un colegio profesional, que tendría sobre sus espaldas la responsabilidad de garantizar un trabajo realizado con idoneidad.
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