8 Jul.09
El Vicepresidente del Estado ha indicado que los hechos de Honduras pretendían provocar un efecto dominó y que la destitución de Zelaya iba a provocar otros hechos similares en el resto de los países.
Una declaración del diputado Hoz de Vila nos ha permitido verificar la comprobación de este hecho; para el parlamentario cochabambino, el caso Zelaya no es otra que una consecuencia de lo sucedido el Pando con el prefecto Fernández, que fue destituido y enviado a la cárcel, la diferencia sin embargo, según la misma autoridad, es que en Honduras el poder fue entregado al sucesor establecido por la Constitución, mientras que en el caso de Pando el poder pasó a manos de las Fuerzas Armadas.
Más fácil todavía resultó la situación en Cochabamba donde el Prefecto fue destituido de un plumazo y como fue tan fácil, no sólo fueron las Fuerzas Armadas sino que el poder fue entregado a una persona leal a la causa oficialista.
Sin embargo, los hechos continúan y ahora los cañones apuntan a la Prefectura del Beni, ya que hubo dificultades para asumir una situación igual con Chuquisaca y Santa Cruz, cuyos ciudadanos decidieron respaldar con firmeza a sus autoridades, a pesar de que en algún caso se violaron los derechos humanos y vale la pena reconocerlo.
Pero el acoso no sólo apuntaba a la cúspide sino que con la denuncia de un complot terrorista, se buscó a una buena parte de la ciudadanía, esta vez no solo fueron los calificados de oligarcas, sino que se puso en circulación una larga lista de sospechosos que no sólo debían presentarse a declarar ante un Fiscal de otro distrito judicial, sino que tenían que visitarlo en su oficina, a más o menos mil kilómetros de distancia y a 3.500 metros de altura.
Mientras los líderes regionales se trasladaban a una asamblea para tomar decisiones al respecto, el testigo clave, que había involucrado a medio pueblo en sus declaraciones, concluye expresando que fue presionado por el Fiscal para firmar las declaraciones y pide en apoyo de la Brigada Parlamentaria para evitar represalias.
Semejante panorama ha obligado a que la Asamblea de la Cruceñidad tome el toro por las astas y decida ponerse firme en defensa de los derechos humanos. Pero no son los derechos humanos de los oligarcas o de los cruceños, sino de todas las personas y en especial de todos los bolivianos.
En el caso de Santa Cruz, las personas son involucradas en el problema de terrorismo con citaciones, mientras que en el resto del país se cuentan por centenares las personas amedrentadas, que no pueden expresar su forma de pensar para evitar situaciones como la ocurrida en la Plaza Avaroa de La Paz, no se trata de de una decisión coyuntural sino la defensa de un principio que defienden todas las naciones libres del mundo.
Pero no sólo fue la Asamblea, la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito declaró procedente un recurso por el cual los ex dirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista son liberados de la obligación de trasladarse a prestar declaraciones ante un Fiscal en La Paz. También la Fiscalía del Distrito de Santa Cruz ha pedido que se reconozca su jurisdicción y en tal sentido, debería ser un Fiscal de Santa Cruz quien tome a su cargo las investigaciones sobre un hecho que se ha producido en Santa Cruz, aunque los policías que acribillaron a los presuntos terroristas hubieran llegado de La Paz y que los de Santa Cruz se hubieran enterado el día después por la prensa, un método poco ortodoxo de provocar un efecto dominó.
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