Se hace gas

12 Jul.09
Nuestro gobierno ha debito tomar la decisión da adquirir gas licuado de la Argentina para paliar las necesidades que se han presentado en este momento, debido al recrudecimiento del frio en gran parte del país y en especial en la zona altiplánica.
La medida nos parece atinada; sin embargo, tratándose de un país productor de gas y que en casi todo el tiempo ha estado atendiendo sus necesidades en base a las plantas engarrafadoras que tiene instaladas, nos parece más bien un resultado de la falta de previsión o más bien de la mala administración que se realiza en la empresa petrolera estatal.
Desde que el gobierno tomó la determinación de hacerse cargo de la administración de los hidrocarburos, hemos escuchado una serie de comentarios sobre la forma en que la medida comenzaba a ejecutarse.
En algún momento se dijo que el concepto de nacionalización manejado por las autoridades era cierto sólo en parte y que más bien lo que se hacía era desarrollar una nueva forma de control, para los contratos que se había firmado con la capitalización y cuyos resultados eran negativos para el país.
Sin embargo, a medida que el tiempo avanza, nos vamos encontrando con situaciones particulares que nos muestran que el problema de fondo no está precisamente en quien maneja los recursos, sino en la manera cómo se administran.
La situación que se presentó con el ex presidente de YPFB Santos Ramírez, nos mostró que si bien el país había entrado en otra forma de administración que le podía producir mejores réditos, en la realidad lo que se había conseguido era dejarla en manos en gente que lo único que deseaba era enriquecerse y que el interés nacional estaba de lado.
Cuando ello se puso en evidencia, sólo pudimos dar un suspiro de satisfacción pensando en que el gobierno había cumplido su promesa de erradicar la corrupción y hacer que la explotación de nuestras riquezas vaya en nuestro beneficio.
Sin embargo, parece que las cosas no son así, poco tiempo después tuvimos las denuncias del Presidente de Transredes y como consecuencia le llegó la destitución, sin poner en claro las situaciones denunciadas que periódicamente se amplían con otras acusaciones.
Por su parte, las actuales autoridades de YPFB esgrimen siempre los mismos argumentos, justifican el pago de sobreprecios y la condonación de deudas al Estado y ahora la necesidad de hacer una importación, sin explicar por qué razón el engarrafado de gas en el país ha disminuido de tal manera que obliga a esta situación.