2 Jul. 09
Ante la exigencia de los países reunidos en la Alianza Bolivariana de los Pueblos, la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas, las fuerzas armadas de Honduras han reiterado la afirmación de que su accionar se encuentra dentro del marco de la ley y la Constitución.
En los últimos tiempos hemos escuchado con frecuencia de que se actúa en el marco de la legalidad y sin embargo, a nombre de esa legalidad se cometen aberraciones, recordemos lo sucedido con la Constitución Política en nuestro país que finalmente fue impuesta, dentro del marco de la legalidad, entre comillas, con un Parlamento que trabajó bajo presión y cumpliendo tareas que no le competen.
De esa manera, la legalidad se convierte en un juego de conveniencia que termina favoreciendo al más fuerte, sendo que la misión de esas normas es precisamente lo contrario; la norma tiende a defender los derechos de las personas dentro de una nación.
La situación se complica cuando vemos que no sólo se malinterpreta la legalidad sino que, en uso de las facultades legales, se van neutralizando otros poderes que tienen la misión de vigilar que la legalidad cumpla con el rol que le corresponde.
El abuso de los poderes nos lleva en muchas oportunidades a realizar actividades que traen como consecuencia resultados no previstos.
En el caso de Honduras que es el que tenemos más actual, el gobierno de Zelaya, excediendo el uso de sus atribuciones, convocó a una inocente consulta popular que lo llevó al exilio, porque la experiencia de otros países del continente mostraba por dónde se quería caminar.
La situación no solo se cumple en el aspecto legislativo sino también en otras funciones que también norman el desenvolvimiento de las autoridades y que fijan límites que al ser excedidos llevan a situaciones de conflicto. Comentábamos en un editorial anterior como una de esas situaciones puede derivar en cosas más graves, el presidente venezolano ha repetido en varias oportunidades su propósito de utilizar las armas para revertir la situación presentada en otro país, con la seguridad de que está legalmente autorizado para hacer lo que se le ocurre.
Imaginamos que las normas que él mismo ha establecido para su país no le permiten buscar un conflicto de esa naturaleza y que ello resultaría contraproducente, con consecuencias que afectarían a personas que no están de acuerdo con el proceder que propone.
Ese de ese modo de actuar, impulsado por las hormonas, que ha resultado también negativo para nuestro país, cuando a pesar de las simpatías y el nuevo perfil del ejecutivo de los Estados Unidlos tenemos que darnos cuenta de que hemos llevado la situación a un nivel de relaciones que podría considerarse más grave aun que el de los caprichitos que se mostraron con el Perú y que se fueron desenvolviendo en base a piropos; lo grave de la situación es que en el caso presente, más allá de los insultos hubo la expulsión de un representante oficial y los Estados Unidos han reaccionado con otro tipo de respuestas, menos espectaculares pero más prácticas.
Nos quedamos orgullosos de nuestras travesuras, pero tenemos que conformarnos con una nueva realidad que no se resolverá, como en algún momento se trató de hacernos creer, negociando con otro país que no tiene la misma solvencia y los mismos recursos, y que en el mejor de los casos, corresponderá a nuestras necesidades sólo con muy buenas intenciones.
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