Bajo Presión

08 Jun. 09
Una característica de la capacidad de los bolivianos para hacer valer sus derechos es la de defenderlos en base a presión, a pesar de que la ley es bastante clara al respecto - nadie puede impedir el derecho que tiene los ciudadanos de transitar libremente por el territorio nacional - los bloqueos están desde hace algunos años a la orden del día.
Lamentablemente, las presiones se han convertido en el pan de cada día, primero porque las autoridades hacen oídos sordos ante los pedidos de las organizaciones y segundo porque las organizaciones consideran más práctico negociar presionando, con la seguridad de que los resultados han de ser inmediatos.
Hace ya varios días que el departamento de Tarija está desenvolviéndose a medias por un movimiento de los campesinos de la región, que insisten en que sus pedidos sean atendidos para poder levantar un bloqueo que prácticamente ha aislado el departamento y en especial su capital, del resto del país.
La irracionalidad de la medida radica en el hecho de que los campesinos están pidiendo la ampliación de un bono fijado para ellos por las autoridades departamentales y no existe beneficio similar en otros lugares del país.
El incremento solicitado no es viable según las autoridades departamentales que dentro de sus planes tienen también beneficios para otros sectores de la ciudadanía.
La medida tiende a agravarse ya que las organizaciones del sector, a nivel nacional, han anunciado que podrían adoptar medidas a favor de sus colegas y en ese caso el problema se generalizaría en el país.
Lo importante de la situación es que las autoridades no se niegan a negociar sino que han ofrecido hacerlo siempre que las medidas de presión sean levantadas.
El planteamiento de las autoridades nos parece razonable, ya que quien ejerce presión estará en ventaja y en todo caso, si no queda satisfecho con los resultados, puede mantener esa posición hasta lograr su capricho.
El hecho no es novedoso, pero no deja de ser complicado. Ya en alguna ocasión anterior las medidas de presión han servido para obtener resultados, aunque estén más allá de la racionalidad.
Lo grave en el caso actual es que las autoridades policiales y otras que tendrían bajo su responsabilidad el poner orden, están a la expectativa, atendiendo órdenes superiores, en la esperanza de que las autoridades tarijeñas, que hasta ahora han mantenido posiciones adversas al interés del gobierno central, puedan incurrir en alguna actitud que pueda servir a objetivos que están muy lejos de la solución del problema.
En otras palabras, las autoridades llamadas a poner orden baten palmas esperando que la situación se agrave, para poner en conflicto a una autoridad que en los últimos años, ha capitalizado simpatías en su posición contraria al gobierno y que la situación actual bien podrían ser un obstáculo para su participación en las elecciones programadas para diciembre próximo, a pesar de que este y otros prefectos han anunciado su voluntad de no terciar en los comicios.