En el límite

29 Jul.09
Muchas veces la falta de una reacción oportuna se considera como un acto de debilidad y aun como aceptación de la culpa, ello ha estado sucediendo desde que apareció en el panorama nacional la historia aquella del grupo de terroristas que desde Santa Cruz, había estado tramando el asesinato del Jefe del Estado y la división del país.
Acusaciones de ese tipo se han hecho en forma reiterada en el país, la imagen de que Santa Cruz desea separarse del resto de la nación no es nueva, se ha presentado desde los primeros años de la república, cuando prescindiendo de lo que se pueda pensar en el resto del país, los gobernantes desde el occidente intentaban anexar el territorio nacional a otros países.
El actual gobierno, que tanto se precia de respetar la multiculturalidad nacional, no vacila en acusar Santa Cruz de intentar separarse del país para formar uno nuevo y tanto como antes, esas afirmaciones terminan por demostrar que no deja de ser una ocurrencia que solo busca diferenciar a personas de piel más clara que piensan de manera diferente.
Apoyadas en ese tipo de acusaciones, las actuales autoridades no han tenido reparo en violar la Constitución que ellas mismas han impuesto a la nación y prescindiendo de la jurisdiccionalidad de las autoridades del Ministerio Público, nominaron a un superfiscal que se encargó de llevar a una gran cantidad de personas a prestar declaraciones en la sede de gobierno.
Cuando la ciudadanía se cansó de esa forma de proceder, los Parlamentarios afines a la línea del Ejecutivo secundaron la historia, formando una comisión que se dedicó a citar a estos y otros ciudadanos, para que presten declaraciones sobre el mismo tema.
Lo interesante del caso es que el tema que servía de base a esa persecución iba perdiendo peso rápidamente, las pruebas mostraron que lo que se consideraba un enfrentamiento no fue más que la masacre de un grupo de personas que descansaba en un hotel, para atribuirle todas las culpas que se consideró necesario, luego apareció un testigo clave que puso en manos del fiscal y de la comisión una larga lista de ciudadanos, hasta que el mismo testigo explicó que había aceptado la lista bajo presión.
Las cosas fueron también por otro lado, se dijo que los mismos ciudadanos que habían alentado los planes terroristas eran culpables de la desaparición de la tía del Jefe del Estado, las aclaraciones llegaron por otro camino y esta trama también se derrumbó.
La cosa no terminó ahí, apareció un periodista que dijo que en base a sus investigaciones, había unos planes macabros para la eliminación del Presidente y como en los casos anteriores, dio también su lista. Cuando los sindicados se pusieron a investigar al periodista de marras, resultaron verificando que se trataba de un narcotraficante que nada tenía de periodista y que se prestó para la farsa, tal vez a cambio de algún beneficio especial.
Los deseos de involucrar a líderes regionales y posibles contendores políticos no desaparecen y ante esa situación, la dirigencia cívica de Santa Cruz, reunida en Asamblea de la Cruceñidad, decidió repudiar las acusaciones y convocar a una marcha Por la Dignidad y la Justicia.
El planteamiento no es caprichoso ni extraño, sólo se pide que se cumpla la Constitución, fabricada por el gobierno, y las leyes que en reiteradas oportunidades éste ha jurado respetar.
Es un llamado para protestar por las arbitrariedades. Nadie se opone a que se investiguen los delitos y se prueben dentro del marco de la ley, pero deben parar los atropellos.